Es fascinante cómo los bufetes más caros de Chile funcionan también como faros de moralidad. Vestidos con trajes a la medida, estos «grandes» abogados de la élite dictan cátedra urbi et orbi sobre el Estado de Derecho, la probidad y las buenas costumbres. Pero, curiosamente, cuando un caso multimillonario se les hunde, esa ética de manual parece guardarse en el bolsillo. Así lo acaba de demostrar el reconocido penalista Hugo Rivera, cuya última «genialidad» probatoria terminó con un portazo en los tribunales y una investigación penal en su contra.
Cuando los argumentos jurídicos no dan el ancho, la creatividad procesal de la cota mil sale al rescate. El escenario era crítico para el gigante chino Joyvio: su querella por estafa contra el empresario Isidoro Quiroga, por la compraventa de la salmonera Australis, se caía a pedazos por falta de pruebas. ¿Qué hace un abogado de élite cuando el Ministerio Público no encuentra delitos? Al parecer, se los inventa o, mejor aún, los encarga a la medida.
En agosto de 2026, Rivera decidió que los conductos institucionales regulares eran una burocracia innecesaria para alguien de su estatus. Así, gestionó a puertas cerradas una comunicación directa y extraoficial con el prefecto inspector Carlos Rojas, jefe nacional de Ciencias Forenses de la PDI. El resultado de este inusual «lobby» fue una misiva policial que Rivera pretendió presentar como su gran «bala de plata». La defensa de Quiroga no tardó en exponer el truco, denunciando el documento como una prueba derechamente «fraudulenta» en su gestación, fabricada a espaldas del Ministerio Público y obtenida como si la PDI fuera una agencia de investigadores privados al servicio del mejor postor.
Lamentablemente para Rivera, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago careció del paladar necesario para apreciar tan vanguardista maniobra. La jueza Paulina Moya no le compró el espejismo: le restó toda validez a la cuestionada carta, rechazó tajantemente la solicitud de reabrir el caso, levantó todas las medidas cautelares sobre Quiroga y sus exejecutivos, y cerró para siempre la arista penal ratificando el «no perseverar» de la Fiscalía. Un portazo humillante tras tres años de humo judicial.
Pero la lección de ética de Rivera tuvo daños colaterales. Su correspondencia VIP obligó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a intervenir de oficio. Hoy, el fiscal regional de Ñuble, Rolando Canahuete, investiga al «gran» abogado por posibles delitos de tráfico de influencias.
Por supuesto, para quienes conocen la trayectoria de estos próceres de la justicia, el actuar de Rivera no sorprende en lo absoluto. Es imposible no mirar al pasado y recordar otra de sus grandes cátedras de «eficiencia» legal: el caso de 2014, cuando defendió a Martín Larraín (hijo del entonces poderoso senador Carlos Larraín) por el atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. En medio de aquel juicio, ocurrió un giro sumamente *raro y sospechoso*: la viuda de la víctima, de un día para otro, se desistió de la querella.
Pronto se supo que la varita mágica que logró ese arrepentimiento repentino fue un pago extrajudicial de 10 millones de pesos, orquestado a espaldas del propio abogado querellante, quien terminó denunciando a Rivera ante el Colegio de Abogados por graves faltas a la ética. Aquel episodio dejó una enseñanza clarísima: en el modelo de justicia de la élite, la billetera silencia lo que el derecho no puede ganar.
Hoy, el bochorno de Rivera en el caso Australis nos recuerda la profunda pudrición de un sistema donde ciertos apellidos se sienten por encima de la ley. Un país asqueado por la impunidad de cuello y corbata sigue procesando el impacto del «Caso Audios», donde el inefable Luis Hermosilla Osorio dictaba sus propias cátedras operando como líder de una maquinaria de coimas, favores VIP y nombramientos amañados. A este selecto club se suma el abogado Gabriel Zaliasnik Schilkrut, cuyos chats filtrados expusieron las impúdicas coordinaciones para intervenir fallos y presionar jueces, destrozando cualquier atisbo de ética profesional.
Hermosilla, Zaliasnik y Rivera parecen cortados por la misma tijera. Conforman una cofradía de penalistas «top» que, mientras dan sermones de probidad en los matinales y la academia, en la práctica difuminan la línea entre la defensa legítima y la corrupción institucionalizada. El reciente fallo a favor de Quiroga demuestra que, a veces, un tribunal se atreve a frenarles el carro. Pero la investigación que ahora acecha a Hugo Rivera nos deja una advertencia irrefutable: las verdaderas cátedras de derecho en Chile no se dictan en las aulas, sino en las cenas privadas, los chats encriptados y las cartas fraudulentas de quienes juraron defender la ley.
